La apertura de esta acción penal subraya la magnitud de la crisis financiera y la responsabilidad de las autoridades internacionales en la supervisión de estas entidades.
El Tribunal de Curazao ha escalado las acciones legales contra la cúpula del extinto Grupo Financiero BOD. El pasado 2 de octubre, el síndico judicial presentó una denuncia penal por quiebra fraudulenta contra el Banco del Orinoco N.V., la filial caribeña de la entidad venezolana.
La acusación formal apunta a Víctor Vargas Irausquin, propietario del Grupo BOD, junto a otros accionistas, directores y beneficiarios finales. Se les investiga por graves irregularidades financieras, falsificación de documentos, y el presunto mal manejo de activos por más de $1.500 millones.
Los Implicados en la Denuncia
Entre las figuras señaladas en la acción penal se encuentran:
Víctor Vargas Irausquin: Propietario del Grupo BOD.
Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú: Yerno de Vargas, bisnieto de Franco y Alfonso XIII.
Joel Santos Tobio y Santos Alonso Ramos: Directores del Banco del Orinoco N.V.
La denuncia sostiene que el Banco del Orinoco N.V. no solo gestionaba activos del Grupo BOD, sino que facilitaba la fuga de capitales desde Venezuela y operaba un presunto esquema piramidal que incluía la manipulación de bonos soberanos y de PDVSA. Más de 2.400 clientes resultaron afectados por el colapso de la entidad.
Un Patrón de Fraude Internacional
La investigación en Curazao subraya un patrón de operaciones offshore. Vargas ya ha sido vinculado a otros presuntos fraudes financieros en la región caribeña, incluyendo BOI Bank en Antigua, Bancamérica en República Dominicana y AllBank en Panamá, a través de esquemas de rotación de dinero diseñados para evadir controles regulatorios.
Mientras tanto, en Venezuela, el Banco Occidental de Descuento (BOD) inició su proceso de liquidación supervisado por Sudeban en octubre de 2019 debido a irregularidades que comprometieron su solvencia y liquidez.
La apertura de esta acción penal subraya la magnitud de la crisis financiera y la responsabilidad de las autoridades internacionales en la supervisión de estas entidades. Con las investigaciones avanzando, los clientes afectados esperan compensación y el futuro legal de los directivos del Grupo BOD pende de un hilo.
Con Informacion de El Publicotv.
