Mientras Estados Unidos plantea posibles cambios en sanciones condicionados a avances políticos, el gobierno venezolano asegura que solo obedece al pueblo.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió con dureza a recientes declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en medio de una tensión política y diplomática que ha escalado tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
Rodríguez afirmó que “el pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo”, y consideró las afirmaciones de Bessent como “poco pertinentes y ofensivas”. Aseguró que su gobierno “obedece únicamente al pueblo” y rechazó la idea de que Washington esté dictando las decisiones políticas de Caracas.
Rodríguez pronunció estas palabras en el marco de una consulta pública sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos, una iniciativa de su gobierno para atraer inversiones privadas y extranjeras al sector energético, en un intento por reactivar la producción petrolera nacional.
Declaraciones del secretario del Tesoro
El secretario estadounidense había sugerido que ciertos líderes venezolanos permanecerían en sus cargos debido a su disposición a aceptar las directrices de Washington, en particular en lo relativo al manejo de recursos como el petróleo, que, según declaraciones no oficiales del funcionario, se mantendrían en fideicomisos para beneficio del pueblo venezolano, con miras a construir condiciones hacia futuras elecciones libres y justas.
Contexto político y diplomático
Las tensiones entre Caracas y Washington se han intensificado en las últimas semanas, en el marco de acontecimientos extraordinarios en Venezuela, incluida la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero y la posterior asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Esto abrió un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales y en la política interna venezolana.
La política de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela se remonta a más de una década, con restricciones dirigidas a altos funcionarios y sectores clave del Estado por violaciones a derechos humanos y obstrucción de ayuda humanitaria, entre otras razones, lo que ha afectado la economía venezolana y la actividad petrolera.
Rodríguez, por su parte, ha tratado de equilibrar un discurso de rechazo a la injerencia con gestos de apertura hacia inversiones extranjeras, lo que complica una narrativa única de confrontación y cooperación. Su llamado a relaciones basadas en “respeto a la legalidad internacional” sugiere que el gobierno venezolano busca negociar condiciones favorables sin ceder soberanía.
Pasante – Joaidy Mata
