Durante los primeros días de febrero, al menos 30 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, incluyendo defensores de derechos humanos y activistas, en el marco de un proceso de liberaciones iniciado en enero.
Organizaciones de derechos humanos han informado de una serie de excarcelaciones de personas consideradas presos políticos en Venezuela durante el inicio del mes de febrero de 2026, en el contexto de un proceso más amplio de liberaciones iniciado a comienzos de enero y vinculado a una propuesta de amnistía general.
El domingo 1 de febrero, la organización no gubernamental Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 30 personas consideradas presos políticos, entre ellas defensores de derechos humanos y activistas, como parte de este proceso en curso.
Adicionalmente, medios locales reportaron que al menos 20 personas fueron liberadas ese mismo día, incluyendo dirigentes políticos, activistas civiles, un médico y otros ciudadanos que permanecían detenidos en diversos centros, entre ellos instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide de Caracas.
Entre los excarcelados figura el activista de derechos humanos Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, quien estuvo detenido durante más de cuatro años antes de ser liberado el 1 de febrero, según confirmaron familiares y la propia organización Foro Penal.
Foro Penal ha venido actualizando sus datos sobre este proceso, informando que 33 excarcelaciones se produjeron el domingo 1 de febrero, verificadas por la organización.
Aunque estas cifras corresponden a liberaciones específicas del inicio de febrero, forman parte de un proceso más amplio que desde el 8 de enero de 2026 ha llevado a cientos de personas a recuperar su libertad bajo distintos términos, con diferencias entre los datos de ONG y las cifras oficiales.
Las liberaciones se dan en el marco de una propuesta de ley de amnistía general presentada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que abarcaría delitos políticos cometidos desde 1999, aunque con exclusiones por casos de crímenes graves e investigaciones por derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos y familiares han destacado que no todas las liberaciones implican el levantamiento total de medidas restrictivas —como prohibiciones de salida del país o presentación periódica ante tribunales—, y han pedido transparencia y rapidez en la aplicación de la amnistía.
Familiares y sectores de la sociedad civil han recibido con esperanza las liberaciones del inicio de febrero, al tiempo que mantienen vigilias y solicitudes de libertad plena para quienes aún permanecen detenidos. Activistas señalan que, pese al ritmo de excarcelaciones, centenares de presos políticos seguirían en custodia, según estimaciones de ONG como Foro Penal.
Pasante – Camilo Cepeda
