La sentencia deja ahora un vacío legal sobre qué sucederá con los aranceles ya recaudados y abre la puerta a una oleada de demandas por parte de empresas afectadas por la política proteccionista de la Casa Blanca.
En una sentencia histórica que redefine los límites del Despacho Oval, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este viernes 20 de febrero de 2026 que la administración de Donald Trump vulneró la Constitución al imponer aranceles comerciales de forma unilateral.
La decisión, tomada con una mayoría de 6 votos contra 3, supone el mayor revés judicial para la agenda económica del mandatario hasta la fecha, al considerar que el Ejecutivo usurpó funciones que pertenecen exclusivamente al Congreso.
El equilibrio de poderes en juego
El juez presidente, John Roberts, fue el encargado de redactar la opinión mayoritaria. En un texto contundente, Roberts aclaró que la salud de la democracia estadounidense depende de límites claros:
«El presidente no puede arrogarse una facultad extraordinaria para imponer gravámenes de monto y duración ilimitados sin el respaldo explícito del Poder Legislativo», sentenció Roberts.
El tribunal rechazó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como «cheque en blanco» para modificar la política comercial del país, subrayando que cualquier delegación de autoridad en esta materia debe ser restrictiva y no discrecional.
Una mayoría inesperada
Lo más llamativo del fallo fue la ruptura del bloque conservador. Los magistrados Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch se desmarcaron de la línea oficialista para unirse a los jueces progresistas, priorizando una interpretación originalista de la Constitución que limita el poder presidencial.
Votos a favor de la anulación:
John Roberts (Presidente)
Amy Coney Barrett
Neil Gorsuch
Bloque progresista (3 magistrados)
Votos disidentes (A favor de Trump):
Clarence Thomas
Samuel Alito
Brett Kavanaugh
Réplicas del fallo
Esta resolución no solo invalida los aranceles impuestos contra socios estratégicos, sino que reafirma al Poder Judicial como el árbitro final frente a las políticas de emergencia del Ejecutivo. Al declarar estas acciones como ilegales, el Supremo devuelve al Capitolio el control total sobre la regulación económica y el comercio exterior.
La sentencia deja ahora un vacío legal sobre qué sucederá con los aranceles ya recaudados y abre la puerta a una oleada de demandas por parte de empresas afectadas por la política proteccionista de la Casa Blanca.
Con Informacion de Es Con Usted.
