Con el objetivo de transformar estructuralmente el sistema judicial venezolano y erradicar vicios como el retardo procesal, autoridades nacionales y regionales dieron inicio a las mesas de trabajo este sábado 20 de junio. El encuentro, liderado por el gobernador Luis Caldera y altos representantes del Poder Ciudadano, pone el foco en la humanización de las penas y el respeto a la diversidad cultural.
El estado Zulia se convierte en el epicentro del debate legal del país. Este sábado 20 de junio de 2026, el fiscal general de la República, Larry Devoe Márquez, arribó a la entidad occidental para encabezar la instalación formal de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, un despliegue institucional que busca reescribir y optimizar los parámetros del derecho procesal en Venezuela.
La plenaria de apertura contó con el respaldo y la participación del gobernador del Zulia, Luis Caldera, así como de un nutrido bloque de autoridades nacionales integrado por la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato; el presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza; y la procuradora general de la República, Arianny Seijo Noguera. A la cita acudieron además alcaldes, legisladores, miembros del gabinete ejecutivo regional y representantes del Poder Judicial.
El Zulia: Cantera jurídica y pluralidad ancestral
Durante su intervención de bienvenida, el gobernador Luis Caldera enfatizó la necesidad impostergable de adecuar el marco legislativo penal a las realidades sociales, culturales y económicas que atraviesa la ciudadanía en la actualidad.
El mandatario regional ratificó el compromiso del Ejecutivo zuliano para facilitar la expansión de esta consulta en todos los municipios y destacó la riqueza demográfica de la región como un factor clave para la reforma.
Subrayó que el Zulia es históricamente una «cantera de excelentes y destacados abogados» que aportarán valiosos criterios técnicos a las mesas de redacción.
Recordó la coexistencia de cinco pueblos originarios dentro de la geografía zuliana, los cuales ejercen la resolución de conflictos a través de sus propios usos y costumbres, un elemento que debe ser transversalizado y respetado en la nueva legislación.
En respuesta, el fiscal general Larry Devoe agradeció la disposición logística de la Gobernación y recalcó el espíritu del proyecto: “Gracias por todo su apoyo a este proceso de consulta de transformación profunda de la justicia penal que está en marcha en nuestro país. Buscamos alcanzar un modelo de justicia verdaderamente justo, expedito y plenamente humano, tal como lo consagra nuestra Constitución”.
Humanizar la justicia: El reto del sistema penitenciario
Uno de los enfoques más reflexivos de la jornada estuvo a cargo de la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato. La funcionaria expuso que cualquier modificación a los códigos vigentes debe centrarse en la superación de las fallas estructurales crónicas, haciendo especial énfasis en el impacto destructivo que genera el retardo procesal.
“Esta reforma judicial tiene que ser recordada no por el número de normas que pudimos modificar en el papel, sino por la cantidad de vidas que fuimos capaces de mejorar”.
González Lobato también visibilizó las consecuencias del encarcelamiento femenino, subrayando el severo impacto social que sufren las familias y los menores de edad cuando las mujeres son privadas de libertad, instando al panel de expertos a diseñar alternativas jurídicas que protejan y no fracturen el tejido comunitario.
Expansión de la consulta
La actividad de instalación concluyó con una hoja de ruta clara para los próximos meses en el estado Zulia. El comité organizador se comprometió a territorializar el debate, llevando las mesas de consulta y recolección de propuestas a:
Las facultades de derecho de las principales universidades públicas y privadas de la región.
Los gremios de profesionales y colegios de abogados.
Las comunidades y consejos comunales, para garantizar que la reforma nazca del consenso popular y técnico.
Prensa Gobernación del estado Zulia-Relámpago Zuliano.
