El Ejecutivo nacional denunció el Estatuto de Roma amparándose en el artículo 127 de la normativa, señalando la existencia de un patrón de lawfare y un sesgo estructural contra el Sur Global.
En una decisión de profunda trascendencia geopolítica para el Estado venezolano, el canciller de la República, Félix Plasencia, informó este viernes 24 de julio que el país comunicó formalmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su postura firme e irrevocable de apartarse de manera definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI).
La medida, ejecutada bajo estrictas instrucciones de la presidencia encargada liderada por Delcy Rodríguez, se fundamenta en el Artículo 127 del Estatuto de Roma, activando así los mecanismos formales para rescindir los nexos jurídicos con el ente de La Haya.
Crítica frontal al desequilibrio y al lawfare
Durante la notificación oficial, el titular de Relaciones Exteriores argumentó que el funcionamiento histórico del organismo judicial ha estado marcado por una marcada asimetría en su jurisdicción, priorizando de forma desproporcionada causas en naciones de América Latina y el continente africano.
«Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor en detrimento del Sur Global. Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», enfatizó Plasencia a través de su canal oficial.
El jefe de la diplomacia venezolana recalcó que la postura de Caracas trasciende la coyuntura procesal, apuntando directamente a lo que catalogó como una práctica sistemática de lawfare o guerra judicial. A juicio del Ejecutivo, los mecanismos de la CPI han sido desviados de sus propósitos fundacionales para servir de herramientas de coerción contra el país.
En defensa de la soberanía nacional
El comunicado oficial reiteró que la determinación del Estado no significa un rechazo a la justicia en su concepción universal, sino un repudio a los formatos de fiscalización que ignoran los principios constitucionales de independencia y no injerencia.
«Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos», sentenció el canciller, cerrando un ciclo de tensiones institucionales entre el Estado venezolano y los estamentos de justicia supranacional.
Globovision-Relámpago Zuliano.
