Familiares de los más de 90 civiles y militares detenidos revelan un panorama de terror institucional, caracterizado por desapariciones forzadas, tratos crueles y un deterioro físico devastador en centros de reclusión del país.
A más de seis años de los acontecimientos vinculados con la Operación Gedeón, el calvario judicial y humano para los privados de libertad y sus familias se mantiene incólume. Lejos de avizorar soluciones, el panorama penitenciario de los más de 90 presos políticos asociados a este caso —de los cuales apenas seis han sido excarcelados, incluyendo solo a dos de cuatro mujeres— refleja una sistemática vulneración de los derechos fundamentales.
Así lo denunció públicamente Jesica Castro, familiar del preso político civil Gustavo Hernández, quien relató el desgarrador vía crucis que soportan las víctimas en recintos carcelarios como el Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo 1, Yare 2, Yare 3, Ramo Verde y La Planta, exigiendo la libertad plena e inmediata para todos los afectados.
Seis meses de desaparición forzada y castigos extremos
El sufrimiento de los parientes se agudizó tras el traslado arbitrario y clandestino de los reclusos desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide hacia el Fuerte Guaicaipuro. Según los testimonios, los familiares intentaron seguir los convoyes oficiales, pero fueron bloqueados por cordones de seguridad en las vías.
«No había una lista, no había nada. Solo nos dijeron que en 15 días esperáramos la llamada para entregar la paquetería porque los íbamos a ver. Esa llamada nunca llegó; pasaron seis meses hasta que pudimos saber de ellos», denunció Castro.
Durante ese medio año de total incomunicación, los detenidos fueron sometidos a un régimen de aislamiento severo bajo condiciones de insalubridad extrema. Los familiares detallaron que los prisioneros pasaron hasta tres meses sin agua para bañarse o cepillarse, lo que ocasionó pérdidas dentales y graves cuadros infecciosos. El suministro de agua potable era nulo: se les entregaba un único recipiente por celda de hasta cuatro personas para toda la semana, un líquido que —según la denuncia— contenía larvas y moscas, obligándolos a esperar a que se asentara para poder consumirlo.
Secuelas físicas y psicológicas irreversibles
Cuando las autoridades permitieron finalmente una fe de vida en el mes de abril —tras la destitución del entonces director del Fuerte Guaicaipuro, señalado de dirigir las torturas junto al militar Mike Calderón, alias “Sirio”—, las familias se encontraron con un escenario desgarrador.
Los reclusos presentaban una pérdida masiva de peso estimada entre 35 y 40 kilos, piel extremadamente pálida, afecciones dermatológicas por hongos y un cuadro de desorientación neurológica severa que les impedía articular palabras con fluidez o sostener los cubiertos al comer.
A esta crisis se suma una precaria atención médica. Casos como el del militar Douglas Contreras evidencian la gravedad institucional, habiendo sido trasladado de emergencia a un centro asistencial en Ocumare tras un colapso en su salud derivado de tratos crueles previos. Hipertensión, diabetes, afecciones prostáticas e inflamaciones testiculares graves figuran entre las patologías desatendidas que han empujado a los reclusos a ejecutar medidas de fuerza como huelgas de hambre.
Condenas bajo coacción y rechazo al chantaje político
La denuncia también recordó que los procesos judiciales estuvieron plagados de vicios desde su génesis: las sentencias e interrogatorios se ejecutaron sin traslados a tribunales, bajo presiones físicas y golpizas propinadas dentro de los sótanos de El Helicoide para forzar autoinculpaciones.
Ante los acercamientos y negociaciones políticas con sectores de la Asamblea Nacional de 2015 y liderazgos opositores, los familiares fueron categóricos al rechazar que sus seres queridos sean utilizados como fichas de intercambio político, reiterando que la única exigencia in negociable es la libertad inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia.
La Patilla-Relámpago Zuliano.
