El 15 de marzo de 2025, fue expulsado a El Salvador junto con otros extranjeros en un operativo migratorio basado en la Ley de Enemigos Extranjeros.
El senador federal Marco Rubio está liderando las negociaciones con el gobierno de El Salvador para lograr el regreso a Estados Unidos de Daniel Lozano Camargo, un joven venezolano que fue deportado erróneamente en marzo, a pesar de tener una solicitud de asilo activa y estar protegido por un acuerdo judicial vigente. Aunque la jueza federal Stephanie Gallagher ordenó su retorno hace más de un mes, su traslado desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño aún no se ha concretado.
La administración Trump ha informado que está trabajando activamente con las autoridades salvadoreñas para facilitar la salida de Lozano Camargo del Cecot y su posterior reingreso a territorio estadounidense.
Intervención diplomática y situación legal
En una presentación reciente ante la corte, el lunes 2 de junio, Melissa Harper del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está directamente a cargo de las conversaciones con el gobierno salvadoreño. Rubio, quien mantiene una relación estrecha con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y otros altos funcionarios, está utilizando su experiencia y familiaridad con las sensibilidades políticas y diplomáticas de ese país para gestionar personalmente este caso, según publicó Telemundo.
El entorno de Lozano Camargo ha señalado que fue víctima de un proceso administrativo acelerado, sin posibilidad de defensa ni revisión de su estatus legal vigente. La madre del joven ha utilizado las redes sociales para exigir justicia y denunciar lo que considera una acusación infundada, basada en estereotipos y prejuicios.
Detalles de la deportación y el fallo judicial
Daniel Lozano Camargo, oriundo de Maracaibo, estado Zulia, cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2022 sin documentos, cuando tenía 17 años. Tras permanecer bajo custodia federal en un centro para menores no acompañados, fue liberado y se estableció en Houston, Texas, donde inició un pequeño negocio de lavado de autos y mantenía su estatus migratorio en revisión.
El 15 de marzo de 2025, fue expulsado a El Salvador junto con otros extranjeros en un operativo migratorio basado en la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta disposición legal, invocada por la administración Donald Trump como parte de su política migratoria, permitió deportaciones sin un proceso judicial tradicional. Según documentos judiciales, se alegó que el joven tenía una condena menor por posesión de drogas y que eso lo vinculaba con organizaciones criminales, afirmaciones que su familia ha negado rotundamente, rechazando cualquier conexión con pandillas como el Tren de Aragua.
Una vez en El Salvador, Lozano Camargo fue enviado al Cecot, la prisión de máxima seguridad de Nayib Bukele, donde se recluye a personas señaladas de delitos graves relacionados con estructuras del crimen organizado.
El 24 de abril, la jueza federal Stephanie Gallagher, con jurisdicción en Maryland, falló a favor de Lozano Camargo. En su decisión, indicó que la expulsión violó los términos de un acuerdo alcanzado en noviembre de 2024, que impide la deportación de personas que ingresaron a Estados Unidos como menores no acompañados mientras sus solicitudes de asilo están pendientes. El fallo ordenó a la administración Trump tomar medidas para garantizar su regreso desde El Salvador y señaló que el procedimiento seguido en su caso no cumplió con los requisitos legales aplicables. La jueza también reconoció que se había vulnerado el debido proceso al no evaluar adecuadamente su condición migratoria antes de ejecutar la deportación.
El Nacional-RZ.
