El Gobierno venezolano califica la acción militar de EE. UU. como una violación flagrante al Derecho Internacional y advierte que los responsables «responderán ante la justicia».
La República Bolivariana de Venezuela fijó este sábado una postura contundente ante la reciente interceptación de un supertanquero en aguas internacionales por parte de fuerzas estadounidenses. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo calificó el hecho como un secuestro y un acto de «piratería moderna», elevando la alarma por la integridad de los marinos a bordo.
Alerta por «desaparición forzada»
El punto más crítico de la denuncia venezolana no reside solo en la carga de hidrocarburos, sino en la situación humana tras el abordaje. Caracas ha alertado sobre la «desaparición forzada» de la tripulación, denunciando que hasta el momento se desconoce el paradero, la identidad de los captores inmediatos y el estado de salud de los trabajadores que operaban la nave.
Fundamentos legales de la denuncia
La Cancillería venezolana detalló que la operación militar de los Estados Unidos viola pilares fundamentales del ordenamiento global, citando específicamente:
Seguridad Marítima: El Artículo 3 del Convenio de 1988 contra actos ilícitos en la navegación.
Soberanía: El Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.
Libre Navegación: El Artículo 2 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar.
«Este grave hecho implica una grosera violación de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados», reza el documento oficial.
Acciones diplomáticas en curso
El Gobierno venezolano confirmó que el caso será llevado de inmediato al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según el comunicado, Venezuela agotará todas las instancias legales para asegurar que este incidente no quede impune, calificando el asedio naval como una herramienta de un «modelo colonialista» agotado.
Resiliencia económica
Pese al bloqueo, el comunicado reafirma que la estrategia de los «14 motores productivos» del país continuará su curso. El Gobierno reiteró que la industria de hidrocarburos seguirá operando de manera «independiente y soberana», asegurando que las presiones de Washington no frenarán el crecimiento económico proyectado para el cierre de 2025.
«El Derecho Internacional se impondrá y los responsables responderán ante la historia por su criminal proceder», sentenció el texto.
Con Informacion de Notiprimicia.
