La administración estadounidense diseñó un mecanismo para controlar cómo se usan los ingresos del petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, mediante una cuenta offshore en Catar, con el objetivo declarado de beneficiar al pueblo venezolano y frenar influencias extranjeras.
El gobierno de Estados Unidos anunció un plan para supervisar y aprobar los pagos provenientes de las ventas de petróleo de Venezuela que se canalicen mediante una cuenta offshore radicada en Catar, en medio de los esfuerzos por definir su política hacia Caracas tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026. Esta información fue reportada por el Financial Times y otros medios internacionales.
La iniciativa requiere que las autoridades venezolanas remitan a Washington sus planes de gasto detallados antes de recibir fondos generados por las exportaciones de crudo. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se trata de una solución “temporal” y “novedosa” diseñada para garantizar que los ingresos petroleros se utilicen en beneficio de objetivos considerados prioritarios por la administración estadounidense, evitando que estos recursos favorezcan a países como Rusia o China.
Rubio explicó que el mecanismo funcionará como una medida transitoria mientras la Casa Blanca ajusta su enfoque sobre los asuntos internos de Venezuela y supervisa la situación política y económica del país sudamericano, fuertemente afectado por años de crisis y sanciones.
Dudas y críticas del Congreso
La medida ha generado escepticismo entre algunos legisladores del Partido Demócrata, especialmente durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde se cuestionó tanto la legalidad como la transparencia del plan, lo que complica su implementación.
Críticos han señalado que el uso de una cuenta en Catar podría plantear desafíos en términos de rendición de cuentas y supervisión, además de abrir un debate sobre la jurisdicción de Estados Unidos en asuntos financieros de un país extranjero.
Contexto de la supervisión
El plan surge en un contexto en el que Venezuela mantiene reservas importantes de crudo —alrededor de 50 millones de barriles sancionados— que no habían podido comercializarse tras medidas de Estados Unidos que limitaron el acceso de la llamada “flota fantasma” de petroleros, usada para enviar petróleo a Asia en el pasado.
Las autoridades estadounidenses también han flexibilizado algunas sanciones para permitir que empresas de ese país participen en actividades de comercialización y transporte de petróleo venezolano bajo condiciones específicas, aunque no levantan el embargo sobre producción directa.
Rubio ha defendido este mecanismo como un paso necesario para evitar el colapso de servicios básicos en Venezuela —como salud, seguridad y administración pública— durante la transición política que se vive tras la captura de Maduro y el ascenso de autoridades interinas.
Pasante – Camilo Cepeda
