En medio de los recientes anuncios en materia judicial, que incluyen la discusión de un nuevo Código Penal, propuestas de reformas orientadas a una justicia más cercana a la ciudadanía y el planteamiento de una ley de amnistía, el abogado penalista Juan Pablo Montiel llamó a revisar con seriedad el funcionamiento cotidiano del sistema penal venezolano y la aplicación real del debido proceso.
Para el especialista, el debate público no puede centrarse únicamente en los cambios normativos anunciados, sino que debe mirar con atención una realidad que, a su juicio, se ha venido normalizando sin el debido cuestionamiento institucional.
Montiel advirtió que existe una cantidad significativa de casos en los que ciudadanos han sido detenidos sin orden judicial, sin control efectivo del debido proceso y sin garantías mínimas. Explicó que en muchos de estos escenarios las personas son trasladadas por funcionarios a dependencias policiales, retenidas de manera ilegal y sometidas a prácticas como la extorsión.
Señaló que estas actuaciones constituyen delitos y, desde el punto de vista jurídico, encajan dentro de supuestos de flagrancia que exigen una respuesta inmediata del Estado. A su juicio, no pueden ser tratados como trámites ordinarios ni dilatados bajo la excusa de investigaciones lentas o preliminares.
Uno de los aspectos que el abogado considera más preocupantes es la manera en que se desarrollan actualmente muchas audiencias de presentación. Indicó que, en la práctica, estas audiencias se han convertido en actos meramente formales, donde la privación de libertad se decreta casi de manera automática, bajo el argumento de que la investigación se encuentra en una fase incipiente.
Montiel subrayó que esta lógica vacía de contenido el rol constitucional del juez, quien está obligado a ejercer un control real sobre la legalidad de la aprehensión, la existencia de una orden judicial o una flagrancia auténtica, así como la necesidad y proporcionalidad de la medida de privación de libertad.
Afirmó que cuando ese control no se ejerce, la prisión preventiva deja de ser una medida excepcional y se transforma en la regla, debilitando gravemente las garantías fundamentales del sistema penal.
Si bien reconoció el papel del Ministerio Público y la existencia de fiscales especializados en derechos humanos, sostuvo que su actuación resulta insuficiente cuando las respuestas frente a detenciones ilegales o abusos de autoridad son lentas o diferidas en el tiempo.
A su juicio, en este tipo de casos no basta con que una denuncia quede registrada para ser investigada posteriormente, sino que se requiere una actuación inmediata que frene la vulneración de derechos desde el primer momento.
Al referirse al debate público sobre los denominados presos políticos, Montiel adoptó una postura cautelosa. Indicó que, desde el punto de vista jurídico, esas categorías deben analizarse caso por caso y que no corresponde emitir juicios generales ni ideológicos.
No obstante, advirtió que centrar la discusión únicamente en los casos de alto perfil político invisibiliza otra realidad igualmente grave. Señaló que existen numerosas personas sin ninguna vinculación política que permanecen privadas de libertad sin pruebas suficientes, sin elementos mínimos de convicción y sin un control judicial efectivo.
Según el abogado, esta situación evidencia un problema de selectividad dentro del sistema penal, donde la legalidad y el debido proceso no siempre se aplican con el mismo rigor para todos los ciudadanos.
Montiel también abordó la dimensión social de la privación de libertad en Venezuela, destacando que la mayoría de las personas encarceladas provienen de sectores humildes. Aclaró que esta afirmación no busca responsabilizar a las instituciones de forma automática, sino evidenciar un contexto social marcado por la pobreza, la informalidad y la falta de oportunidades.
Explicó que en estos entornos un conflicto cotidiano, una necesidad urgente o un error humano puede escalar rápidamente hasta convertirse en un proceso penal, muchas veces sin redes de apoyo ni acompañamiento institucional oportuno.
En ese sentido, sostuvo que la cárcel suele ser el punto final de una historia que comenzó mucho antes, en comunidades vulnerables, con servicios deficientes y una presencia tardía del Estado.
Finalmente, el abogado insistió en que una reforma judicial profunda no puede limitarse al endurecimiento de sanciones o al aumento de medidas punitivas. Para Montiel, un Estado fuerte no es el que más castiga, sino el que previene mejor, acompaña, educa y garantiza condiciones mínimas de equidad.
Concluyó señalando que la justicia no debe convertirse en un destino inevitable para quienes menos tienen, sino en una garantía real y efectiva para todos los ciudadanos, sin distinción.
Johsué Morales
CNP: 24.302
Fotografías: Johsué Morales
