Mañana depositaremos un voto. Pero el verdadero destino de Colombia no se decidirá únicamente en las urnas.
Mañana será 31 de mayo de 2026. Colombia despertará una vez más entre tres elementos que han acompañado gran parte de su historia reciente: la incertidumbre, lo desconocido y la certeza de aquello que ya conocemos demasiado bien.
Nos encontramos en una bifurcación. Un camino parece conducir hacia la continuidad de un modelo que muchos perciben como un progresivo deterioro institucional, acompañado por una creciente inseguridad, un debilitamiento de la autoridad del Estado y una narrativa que presenta como justicia social lo que algunos consideran improvisación económica y confrontación permanente. El otro camino tampoco ofrece garantías absolutas. Está lleno de interrogantes, figuras políticas aún por consolidar y promesas que deberán demostrar si son capaces de transformarse en realidades.
La pregunta no es únicamente quién gobernará. La pregunta es qué país estamos construyendo.
Durante años se ha instalado un discurso que divide a la sociedad entre ricos y pobres, opresores y oprimidos, como si la realidad colombiana pudiera resumirse en una lucha permanente entre dos grupos irreconciliables. Sin embargo, Colombia no es un país construido por grandes dinastías económicas. La verdadera columna vertebral de la nación está formada por miles de pequeños empresarios que comenzaron con un crédito, un ahorro modesto o el sacrificio de una familia completa.
Son hombres y mujeres que no viven bajo el lema de “ahora o nunca”, sino bajo uno mucho más silencioso: “ahora o nunca”. Personas que construyen empresas con años de esfuerzo, sostienen cuatro, cinco u ocho empleos y sobreviven diariamente entre las exigencias del mercado, los impuestos y la incertidumbre.
El empresario colombiano promedio no es un multimillonario. Es alguien que vive bajo la presión constante de dos fuerzas. Por un lado, un Estado que exige cada vez más recursos y que posee mecanismos suficientes para sancionar o embargar a quien incumpla. Por el otro, una cultura laboral que en algunos sectores parece haber perdido la noción del mérito, la productividad y la responsabilidad profesional.
No se trata de afirmar que todos los trabajadores sean iguales. Existen miles de colombianos honestos, disciplinados y comprometidos. Pero también es evidente que ha surgido una mentalidad donde algunos consideran al empleador como un enemigo natural y no como un aliado en la generación de oportunidades.
Quizá el problema más profundo es que hemos comenzado a olvidar que la riqueza no aparece por decreto. Ningún Estado posee recursos infinitos. Todo beneficio social, toda inversión pública y toda política gubernamental dependen finalmente de la capacidad de una sociedad para producir riqueza antes de distribuirla.
Pretender obtener cada vez más recursos mientras se castiga o desprecia a quienes generan empleo es como querer la leche mientras se odian las vacas. Sin embargo, el problema colombiano va más allá de la economía. También es una crisis de autoridad y de justicia.
Las leyes parecen pertenecer a otra época. En muchos casos, las penas resultan insuficientes frente a la gravedad de los delitos. El ciudadano observa cómo asesinos, extorsionistas, corruptos y delincuentes reincidentes encuentran mecanismos para reducir condenas o recuperar rápidamente la libertad. La sensación de impunidad se convierte entonces en una segunda agresión contra las víctimas.
Una sociedad no puede funcionar cuando el crimen resulta rentable
Las cárceles deberían ser espacios de corrección y reinserción. Sin embargo, con frecuencia parecen convertirse en centros donde las estructuras criminales se fortalecen, perfeccionan sus métodos y amplían sus redes de influencia. El resultado es un círculo vicioso donde la sanción pierde su capacidad disuasiva y la ley deja de ser respetada. Pero tampoco sería honesto atribuir toda la responsabilidad a los gobernantes.
El deterioro social también comienza en los pequeños actos cotidianos. En quien evade el pago del transporte público. En quien destruye la infraestructura común. En quien evade impuestos. En quien justifica la ilegalidad cuando le resulta conveniente. No podemos exigir un país desarrollado mientras actuamos como si lo público no perteneciera a nadie.
Las sociedades fuertes no se construyen únicamente con presidentes fuertes. Se construyen con ciudadanos responsables.
Por eso el debate de mañana no debería limitarse a escoger entre izquierda, derecha o centro. La verdadera discusión consiste en decidir qué valores queremos recuperar como nación: trabajo, mérito, responsabilidad, legalidad, disciplina y respeto por las instituciones.
Los ejemplos de la historia deberían servirnos de advertencia. Ninguna ideología ha sido inmune al fracaso cuando el poder se concentra excesivamente, cuando la libertad económica desaparece o cuando el Estado pretende sustituir completamente la iniciativa individual. Tampoco el capitalismo sin límites ha estado libre de abusos y profundas injusticias.
Quizá el desafío no sea escoger entre extremos, sino encontrar un equilibrio que permita generar prosperidad sin abandonar la justicia y fortalecer la autoridad sin sacrificar la libertad.
Mi decisión frente a la incertidumbre
Ante toda esta expectativa, mi voto, como el de muchos en este grupo, no será un secreto. He decidido apoyar a Abelardo de la Espriella.
No lo hago porque esté plenamente convencido de cada una de sus estrategias, de todas sus propuestas o de su estilo de comunicación. Lo hago, más bien, como quien observa un juego de azar y decide apostar por una opción distinta a la que ya conoce. Prefiero enfrentar la posibilidad de una sorpresa —ojalá positiva— antes que continuar por un camino que considero equivocado y que percibo como un proceso de debilitamiento progresivo de las instituciones del Estado.
Mi voto no nace de la admiración incondicional hacia un candidato. Nace de una preocupación profunda por el rumbo que está tomando el país. Espero que, en caso de llegar al poder, se rodee de personas verdaderamente capaces; no de aduladores, sino de hombres y mujeres con experiencia, criterio y capacidad para gobernar.
Respecto a Paloma Valencia, reconozco que me gustaría ver algún día a una mujer llegar a la Presidencia por sus propios méritos y liderazgo. Sin embargo, tengo la impresión de que su proyecto político ha terminado demasiado ligado a la figura de Álvaro Uribe. Desde mi perspectiva, esa cercanía le ha restado identidad propia. En ocasiones, parece más una continuadora de un legado político que una dirigente construyendo una visión independiente para el país.
Tampoco encuentro suficiente convicción en la fórmula que representa junto a Juan Daniel Oviedo. Considero que Oviedo posee capacidades técnicas y cualidades valiosas para el servicio público, pero tengo la sensación de que Colombia atraviesa un momento que exige decisiones más contundentes. No estamos frente a problemas menores ni ante circunstancias que puedan resolverse únicamente con medidas graduales o paliativas.
Sin embargo, más allá de los nombres, mantengo una convicción fundamental: ningún gobernante podrá salvar a Colombia si los colombianos no cambiamos también. Ningún presidente reemplazará el deber individual de trabajar con honestidad, respetar la ley, cumplir las obligaciones y construir comunidad.
Lo que realmente necesita Colombia
Pienso que Colombia necesita una reforma profunda de su concepto de autoridad, justicia y responsabilidad ciudadana. Nuestras leyes penales parecen diseñadas para una realidad que ya no existe. Son normas que, además de resultar insuficientes frente a muchas formas de criminalidad moderna, suelen aplicarse con una flexibilidad que transmite una sensación permanente de impunidad.
Para muchas víctimas resulta incomprensible que quien destruye una vida, una familia o una comunidad pueda terminar pagando una fracción de la condena inicialmente impuesta. La percepción ciudadana es que el delito se castiga poco y que la reincidencia se ha convertido en una constante.
Las cárceles deberían formar, corregir y reintegrar. Sin embargo, con demasiada frecuencia parecen convertirse en centros donde algunos delincuentes perfeccionan sus métodos, amplían sus contactos y fortalecen organizaciones criminales. Si una sanción pierde su capacidad de disuasión, también pierde parte de su razón de existir.
La discusión no consiste únicamente en aumentar penas. Consiste en construir un sistema donde la ley sea respetada porque se aplica con certeza, donde el ciudadano honesto sienta que el Estado lo protege y donde quien decide actuar contra la sociedad sepa que enfrentará consecuencias reales.
Pero la transformación tampoco depende exclusivamente de jueces, policías o gobernantes. Comienza con nosotros mismos.
Necesitamos una sociedad que valore el trabajo honesto. Que enseñe a sus hijos a respetar lo público. Que comprenda que pagar impuestos no es un castigo, sino una responsabilidad compartida. Que rechace la cultura de la trampa cotidiana, desde quien evade un pasaje hasta quien justifica pequeñas ilegalidades porque cree que nadie lo observa.
Necesitamos ciudadanos que aspiren a crear empresa, a generar empleo y a construir patrimonio legítimo. Necesitamos trabajadores que comprendan el esfuerzo que existe detrás de cada salario y empresarios que entiendan la responsabilidad que implica dirigir personas y crear oportunidades.
Porque una nación no se construye únicamente desde los palacios de gobierno. Se construye desde los talleres, las fábricas, los comercios, las oficinas, las escuelas y los hogares.
Mañana depositaremos un voto. Pero el verdadero destino de Colombia no se decidirá únicamente en las urnas. Se decidirá cada día, en la forma en que trabajamos, respetamos la ley, educamos a nuestros hijos y asumimos nuestras responsabilidades.
La nación que tendremos mañana será, en gran medida, el reflejo de lo que decidamos ser hoy.
Y aunque tengo claro por quién votaré, también tengo claro algo más importante: ningún candidato será suficiente si Colombia no recupera el valor del esfuerzo, la disciplina, la legalidad y la responsabilidad individual.
Ante toda esta expectativa, mi voto, como el de muchos en este grupo, no será un secreto. He decidido apoyar a Abelardo de la Espriella.
No lo hago porque esté plenamente convencido de cada una de sus estrategias, de todas sus propuestas o de su estilo de comunicación. Lo hago, más bien, como quien observa un juego de azar y decide apostar por una opción distinta a la que ya conoce. Prefiero enfrentar la posibilidad de una sorpresa —ojalá positiva— antes que continuar por un camino que considero equivocado y que percibo como un proceso de debilitamiento progresivo de las instituciones del Estado.
Jhon Fredy La Torre.
