El jefe de la instancia, Héctor Rodríguez, expuso ante los poderes Judicial y Legislativo un diagnóstico que califica de «insostenible» la actual nómina burocrática de 3,5 millones de trabajadores. El funcionario descartó de forma categórica la ejecución de despidos masivos, asegurando que la estrategia se centrará en la redistribución eficiente del personal y la eliminación de la duplicidad de funciones.
El Ejecutivo nacional comenzó a delinear la hoja de ruta legal e institucional para ejecutar una profunda reforma estructural dentro de la administración pública. Este viernes 19 de junio de 2026, se difundieron los pormenores de la propuesta presentada por el jefe de la Comisión Presidencial para la Reestructuración del Gobierno venezolano, Héctor Rodríguez, ante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y representantes del Poder Legislativo, con miras a corregir los desequilibrios presupuestarios que genera el exceso burocrático.
La iniciativa busca rediseñar las competencias internas de las instituciones oficiales, adaptando el funcionamiento del Estado a las realidades macroeconómicas actuales del país y garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad laboral del funcionariado civil.
Radiografía de la burocracia: Funciones duplicadas y nóminas en la mira
Durante las mesas técnicas desarrolladas en la sede del Poder Judicial, Rodríguez expuso un balance detallado sobre el volumen y la distribución del personal de los organismos públicos, diferenciando conceptualmente la envergadura del Estado frente a la del Gobierno central.
Poder Ejecutivo: Concentra de manera directa una masa laboral estimada en 2,9 millones de trabajadores.
Alcance territorial: Al incorporar las nóminas adscritas a las gobernaciones estadales y alcaldías municipales, la cifra global del sector público asciende a 3,5 millones de empleados.
Exceso estructural: El diagnóstico oficial advierte que la existencia de decenas de ministerios, más de un centenar de viceministerios y un denso entramado de institutos autónomos y empresas públicas ha provocado una notable duplicidad de funciones, restando agilidad a la gestión.
Frente a este escenario, el portavoz gubernamental fue enfático en aclarar que la reestructuración no contempla la aplicación de cesantías o despidos masivos. “El objetivo es reordenar el aparato estatal y no sacar gente a la calle”, aseveró Rodríguez, puntualizando que el grueso del proyecto se fundamenta en la redistribución y reubicación del talento humano de acuerdo con los requerimientos técnicos de cada sector.
Ajuste presupuestario bajo la realidad del ingreso petrolero
El argumento central para acelerar la reforma se sustenta en las limitaciones de la caja fiscal del país. El jefe de la Comisión Presidencial desglosó que la sostenibilidad del gasto público depende en gran medida de un flujo de ingresos condicionado por los mercados energéticos globales.
Datos financieros: Con una cesta petrolera venezolana que promedia los 60 dólares por barril, el flujo de caja del Ejecutivo central se ubica en torno a los 630 millones de dólares mensuales. Esta realidad financiera obliga, según la comisión, a aplicar una política de optimización del gasto a través de la simplificación de estructuras y la revisión exhaustiva del marco jurídico-administrativo vigente.
La propuesta formalizada ante el TSJ ratifica que el proceso se ejecutará bajo el estricto respeto a los derechos sociales y contractuales de la masa laboral, buscando transformar al sector público en un motor eficiente enfocado en la optimización real de los servicios públicos de la nación.
El Regional del Zulia-Relámpago Zuliano.
