El grupo de investigación ambiental alertó sobre el colapso de una mina clandestina en el lago de Macagua que ya alcanza las 30 hectáreas, señalando una red de extorsión y complicidad de cuerpos de seguridad en la zona.
La devastación ambiental y el drama humano que arrastra la extracción aurífera clandestina volvieron a encender las alarmas en el sur del país. La organización no gubernamental de activismo e investigación ecológica SOS Orinoco denunció públicamente el fallecimiento de dos mineros, quienes perdieron la vida al quedar tapiados tras un accidente registrado en un yacimiento de oro ilegal situado a escasos minutos de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar.
De acuerdo con la información difundida por la ONG a través de sus canales oficiales y respaldada con imágenes satelitales, el siniestro ocurrió en un punto crítico ubicado sobre la margen derecha del río Caroní, específicamente a orillas del lago de Macagua, en el tramo comprendido entre las centrales hidroeléctricas de Caruachi y Macagua.
Minería descontrolada a las puertas de la ciudad
El informe técnico de SOS Orinoco advierte sobre el vertiginoso crecimiento de la actividad extractiva en las inmediaciones urbanas e industriales de Guayana. Según los datos aportados, la superficie de esta mina clandestina se ha duplicado alarmantemente, expandiéndose de 15 a 30 hectáreas desde el año 2024 hasta la fecha.
«En julio de 2026, al menos dos mineros fallecieron tapiados en un accidente en una mina ilegal de oro a solo minutos de Puerto Ordaz… La minería ilegal opera ya a las puertas de la ciudad», alertó la organización ecológica, subrayando que la deforestación y el desplazamiento de sedimentos en este punto estratégico generan daños directos sobre el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Macagua, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Señalamientos de redes de extorsión y complicidad institucional
La denuncia de la organización civil va más allá del ecocidio y apunta directamente contra mandos y efectivos de cuerpos de seguridad del Estado, a los que acusa de administrar y lucrarse con la explotación minera ilegal en la zona.
Según la exposición de motivos de SOS Orinoco, el yacimiento opera bajo el control operativo de funcionarios adscritos a la Dirección Policial de los Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes mantienen bajo vigilancia los accesos fluviales del lago de Macagua bajo el argumento de resguardar el área. En sintonía con este esquema, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) controlarían los accesos terrestres.
La ONG detalló que el entramado de cobros ilícitos incluye el pago de extorsiones y «peajes» diarios en oro a cambio de permitir la extracción:
Puestos de control señalados: Se identificó la presunta complicidad en alcabalas clave como el puesto de control «La Chinita» y el sector La Ceiba.
Cuota de oro: Los mineros estarían obligados a entregar un gramo diario de oro a los funcionarios desplegados en los puntos de vigilancia para poder laborar en el yacimiento.
Ante este panorama de afectación ambiental severa y presuntas irregularidades institucionales, el grupo de investigación hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para frenar la destrucción ecológica en los cauces fluviales y la cuenca del río Caroní.
La Patilla-Relámpago Zuliano.
