El Departamento de Seguridad Interior (DHS) oficializó la revocatoria del Estatus de Protección Temporal, abriendo un programa de «autodeportación» que incluye incentivos económicos y condonación de multas para quienes abandonen voluntariamente el territorio estadounidense.
En una decisión de alto impacto geopolítico y humanitario, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la finalización formal y con carácter inmediato del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de 13 naciones, entre las cuales figura Venezuela.
Como consecuencia directa de esta medida, los migrantes amparados bajo esta figura legal pierden su protección contra la deportación y se enfrentan al dilema de abandonar voluntariamente el país norteamericano o exponerse a procesos judiciales de expulsión forzosa ejecutados por las autoridades migratorias.
El programa de «autodeportación» y sus incentivos
Ante la nueva directriz, el DHS implementó un proceso denominado de «autodeportación», catalogado por la administración como una vía para que los extranjeros no regularizados retornen a sus naciones de origen. La oferta gubernamental contempla beneficios específicos para quienes opten por la salida voluntaria a través de la aplicación móvil oficial CBP Home:
Pasaje libre de costo para el retorno al país de origen o hacia otra nación donde posean estatus legal.
Condonación total de las multas acumuladas por permanencia ilegal en territorio estadounidense.
Un bono de salida de 2.600 dólares para facilitar los gastos de traslado.
Suspensión temporal de prioridades de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para aquellos ciudadanos sin antecedentes penales que notifiquen formalmente su intención de marchar mediante la plataforma digital antes de su salida programada.
Alcance de la medida y naciones afectadas
La revocatoria del TPS afecta de manera simultánea a los nacionales de trece países que dependían de esta protección humanitaria. La lista oficial incluye a Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Sudán del Sur, Burma, Somalia y Etiopía.
En el caso específico de la comunidad venezolana, el TPS había sido instituido inicialmente el 8 de marzo de 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional, registrando posteriormente una prórroga y ampliación de su vigencia en 2023 que brindó estabilidad migratoria a miles de familias que ahora quedan desprovistas de este amparo legal.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de la diáspora han expresado su profunda preocupación ante el alcance de la medida, mientras las autoridades estadounidenses endurecen los protocolos de control y aplicación de las leyes migratorias en todo el país.
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