Tras meses de negociaciones y la flexibilización de sanciones, Washington y Caracas concretan una transacción histórica valorada en más de 100.000 millones de dólares para explotar 17 campos estratégicos en la nación suramericana.
Casi nueve meses después de los acontecimientos políticos que reconfiguraron el escenario en Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos y Caracas anunciaron un acuerdo energético de proporciones históricas. El entendimiento otorga a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de crudo venezolano, lo que representa más del 21% del total de las reservas probadas del país, estimadas en 303.806 millones de barriles según el Ministerio de Hidrocarburos.
Claves del convenio e inversión extranjera
El trato, calificado por el presidente estadounidense Donald Trump como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial», contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos en el país con las mayores reservas probadas del planeta.
Inversión y tributos: La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló que el pacto movilizará una inversión superior a los 100.000 millones de dólares y aportará más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado.
Impacto en EE.UU.: Por su parte, la administración norteamericana señaló que el volumen acordado duplica con creces las reservas probadas de Estados Unidos —que cerraron 2023 en 46.400 millones de barriles, según la Administración de Información Energética (EIA)—, operando sin coste para el contribuyente estadounidense y apuntando a reducir los precios de la gasolina. Medios de comunicación estadounidenses apuntan a que la multinacional Chevron figuraría entre las petroleras implicadas en la ejecución del pacto.
Flexibilización de sanciones y reformas estructurales
El camino hacia este entendimiento estuvo precedido por una progresiva flexibilización del marco restrictivo. Tras evaluar a la administración interina como una interlocutora fiable, Washington autorizó inicialmente excepciones operativas a entidades estadounidenses y, el pasado 27 de agosto, actualizó los permisos de operaciones de petróleo y gas para seis compañías internacionales: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell.
En paralelo, el Ejecutivo venezolano impulsó reformas sustanciales a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para abrir las puertas al capital privado y extranjero. Como resultado de estas modificaciones legales aprobadas en enero, se han suscrito medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en más de 76 áreas productivas, permitiendo que la producción nacional alcance los 1,23 millones de barriles diarios (bpd), su nivel más alto desde febrero de 2019.
El reto de los yacimientos pesados
El acuerdo pone el foco en la explotación de complejos yacimientos caracterizados por la presencia de crudo pesado. Gran parte de este potencial se concentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, una vasta zona de más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada al sur de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro, que alberga el 87% de las reservas venezolanas.
No obstante, la magnitud del recurso —descubierto en 1936 y nacionalizado en 2007—, la extracción y refinación de este tipo de crudo demandan procesos complejos y una cuantiosa inversión para sanear la infraestructura deteriorada, configurando una apuesta a largo plazo tanto para los inversores extranjeros como para la recuperación económica de la nación suramericana.
Banca y Negocios-Relámpago Zuliano.
