El usuario paga o se baja; así de simple es la dictadura del volante en el Zulia.
Venezuela parece ser un país de dos velocidades, o mejor dicho, de dos realidades jurídicas distintas. Basta con mirar el espejo retrovisor y comparar lo que ocurre en el asfalto de la capital de la República con lo que padecemos a diario en nuestra calurosa y golpeada Maracaibo.
Existe un paralelismo inquietante, una asimetría que ya no se puede ocultar bajo la alfombra de la retórica política.
Si usted camina hoy por Caracas, notará que la mano de la autoridad, aunque sea por momentos, aprieta. Allá, las tarifas del transporte público fijadas por el Ministerio de Transporte se respetan, aunque sea a regañadientes. No es una sugerencia, es una norma.
Del mismo modo, vemos cómo se ejecutan operativos constantes para liberar las aceras y devolverle el paso al peatón, despejando a los comerciantes informales que, aunque buscan el sustento, no pueden estar por encima del derecho al libre tránsito. Hay, al menos, una intención de orden.
Pero cruzamos el Puente y la realidad se distorsiona. En Maracaibo, la ley parece ser una sugerencia opcional.
Aquí, el pasaje no lo dicta la Gaceta Oficial, lo dicta el capricho del conductor de turno con la calculadora en la mano, ajustando la tarifa conforme a la tasa del dólar del Banco Central de Venezuela (BCV) —y a veces del paralelo— sin que nadie ponga freno a esa anarquía.
El usuario paga o se baja; así de simple es la dictadura del volante en el Zulia.
Y si hablamos del espacio público, la situación es aún más dantesca. Mientras en la capital se recuperan espacios, desde la propia Alcaldía de Maracaibo se escuchan voces que proponen lo impensable: legalizar a los comerciantes informales en las aceras. ¿La razón? No es el ordenamiento urbano, ni la estética, ni la salubridad; la razón es meramente recaudatoria.
Se pretende hipotecar el orden de la ciudad a cambio de un ingreso extra para las arcas municipales, legitimando el caos por un puñado de tributos.
Es aquí donde la memoria se vuelve un juez implacable.
Señor alcalde Gian Carlo Di Martino, permítame refrescarle la memoria. Aún retumban en los oídos de los marabinos sus propias palabras, aquellas que pronunció con tanta vehemencia: Con los tres niveles de gobierno alineados ya no tenemos excusas».
Nos vendieron la idea de que la alineación política entre Miraflores, el Palacio de los Cóndores y la Alcaldía traería la eficiencia automática.
Sin embargo, la realidad nos golpea el rostro. Esa «alineación» no ha servido para frenar el abuso en el transporte ni para ordenar el casco central. Al contrario, parece haber servido para alinear la desidia.
En este escenario, lamentablemente, la retórica política pierde la batalla contra la sabiduría popular.
Me quedo con esa frase lapidaria que nuestros abuelos repetían: «Del dicho al hecho…». Porque, señor Alcalde, mientras no se cumplan las leyes y se ejerza la autoridad para proteger al ciudadano y no solo para recaudar impuestos, lo que se impondrá en Maracaibo no es el progreso, sino la más pura y dura anarquía.
Por cierto, el próximo aumento de los pasajes en Maracaibo ya está avisado para comenzar a regir desde el 1 de diciembre en 150 bolívares. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Sandy Ulacio
Periodista
