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Golpe al Tren de Aragua en EE. UU.: El FBI desarticula red de «Jackpotting» liderada por «Rosita»

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En esta nueva acusación en suelo estadounidense, «Rosita» es señalada como una pieza clave en la estructura logística que permitía a la organización criminal operar dentro de las fronteras de EE. UU.

En una de las operaciones más contundentes contra el crimen transnacional venezolano, las autoridades estadounidenses han presentado cargos formales contra 54 integrantes de la banda Tren de Aragua (TdA). El grupo está acusado de ejecutar una sofisticada red de robos a cajeros automáticos mediante ataques informáticos, bajo el liderazgo de Jimena Romina Araya Navarro, conocida mediáticamente como «Rosita».

El método: Malware «Ploutus» para vaciar bancos

La fiscal federal Lesley A. Woods detalló que la organización no utilizaba la fuerza física tradicional para los robos. En su lugar, empleaban una variante del malware denominado Ploutus.

Esta técnica, conocida en el ámbito criminal como Jackpotting, consiste en infectar el sistema del cajero automático para obligarlo a dispensar todo su efectivo de forma ilícita. Según la acusación, los fondos obtenidos eran posteriormente lavados y distribuidos para financiar operaciones de la banda, calificadas ahora bajo la etiqueta de apoyo a organización terrorista extranjera.

De la farándula a la lista de la OFAC

El nombre de Jimena Araya no es ajeno a la justicia internacional. La imputada ya contaba con sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) debido a sus nexos históricos con el TDA, específicamente por su presunta colaboración en la fuga de líderes carcelarios en Venezuela hace más de una década.

En esta nueva acusación en suelo estadounidense, «Rosita» es señalada como una pieza clave en la estructura logística que permitía a la organización criminal operar dentro de las fronteras de EE. UU.

Penas ejemplares y seguridad nacional

El caso, impulsado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), busca enviar un mensaje de tolerancia cero. De ser declarados culpables, los implicados enfrentan un abanico de cargos que incluyen:

Conspiración para fraude bancario.

Lavado de dinero de origen ilícito.

Apoyo a organizaciones terroristas.

Las condenas proyectadas por el Departamento de Justicia son severas, oscilando entre los 20 y los 335 años de prisión, dependiendo del grado de participación de cada miembro en la estructura delictiva.

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