Las renuncias ocurren en un momento de reajustes políticos estratégicos, y la velocidad de la juramentación de los encargados sugiere una búsqueda de continuidad inmediata en la gestión de justicia y derechos humanos.
La arquitectura del Estado venezolano ha dado un giro inesperado. En una jornada marcada por la celeridad parlamentaria, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron formalmente sus renuncias ante la Asamblea Nacional (AN).
Este movimiento deja vacantes dos de las tres columnas que sostienen el Consejo Moral Republicano, obligando al Legislativo a activar mecanismos de emergencia para evitar un vacío institucional.
El «enroque» y las nuevas caras temporales
Ante la ausencia de vicefiscales y vicedefensores que pudieran asumir el relevo natural, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, anunció la designación de autoridades encargadas mientras se surte el proceso de ley:
Ministerio Público: Asume como Fiscal General encargado Larry Devoe, quien deja su rol en el Consejo Nacional de Derechos Humanos para liderar la acción penal del Estado.
Defensoría del Pueblo: En un movimiento circular, el propio Tarek William Saab fue juramentado para ocupar de manera temporal la Defensoría, retornando a una institución que ya dirigió en el pasado.
¿Qué sigue ahora? La ruta constitucional
La Asamblea Nacional no ha perdido tiempo y ya inició el protocolo para las designaciones definitivas:
Comité Preliminar: Se ha conformado un grupo de diputados que servirá de base para el Comité de Evaluación de Postulaciones.
Convocatoria Social: Este comité recibirá las propuestas de diversos sectores de la sociedad civil para evaluar a los candidatos definitivos.
El Objetivo: Designar a los titulares permanentes que, junto al Procurador General, completarán el Poder Ciudadano, el quinto poder del Estado según la Constitución.
Las renuncias ocurren en un momento de reajustes políticos estratégicos, y la velocidad de la juramentación de los encargados sugiere una búsqueda de continuidad inmediata en la gestión de justicia y derechos humanos.
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