El caso ya se encuentra en manos de las autoridades laborales, mientras los afectados esperan una respuesta que devuelva la estabilidad a los hogares de uno de los municipios más importantes del estado Zulia.
Lo que se perfilaba como una reestructuración administrativa en el municipio San Francisco ha derivado en un conflicto legal de grandes proporciones. La abogada Emilia Viera Molero denunció formalmente la desincorporación de 2.478 trabajadores de la alcaldía sureña, calificando la medida como un «despido masivo por vía de hecho» que carece de cualquier sustento legal.
Una «bomba» contra la estabilidad laboral
Según la jurista, el ayuntamiento no cumplió con las formalidades básicas que exige la ley venezolana. La denuncia destaca tres puntos críticos que dejarían a la municipalidad en una posición comprometida ante los tribunales:
Inexistencia de actas: No se entregaron cartas de despido motivadas ni actas administrativas, dejando a los empleados en un limbo jurídico.
Violación de la Inamovilidad: La medida ignora el Decreto de Inamovilidad Laboral vigente (Gaceta Oficial N° 6.878), que protege a los trabajadores hasta finales de 2026.
Cifra récord: Al afectar a casi 2.500 personas simultáneamente, la acción encuadra perfectamente en la figura de despido masivo, regulada estrictamente por el Artículo 95 de la LOTT.
«Se ha vulnerado el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. El Estado no puede ser el primer infractor de la progresividad de los derechos humanos», sentenció Viera Molero.
Familias en estado de indefensión
Más allá de los artículos y leyes, la abogada enfatizó el impacto humano de esta decisión. Cientos de familias de San Francisco han quedado sin el sustento diario «de la noche a la mañana», sin que se haya realizado el procedimiento de calificación de faltas que exige la normativa laboral.
La ruta legal: Reenganche y sanciones
La defensa de los trabajadores ya ha trazado la hoja de ruta para revertir la situación:
Restitución inmediata: Solicitan al Ministerio del Trabajo el reenganche a sus puestos bajo las mismas condiciones previas.
Salarios Caídos: Exigen el pago de todos los beneficios dejados de percibir durante el tiempo que dure el conflicto.
Sanciones administrativas: Piden que se apliquen las multas correspondientes (Art. 531 de la LOTT) a los funcionarios responsables de ejecutar esta medida sin el debido proceso.
El caso ya se encuentra en manos de las autoridades laborales, mientras los afectados esperan una respuesta que devuelva la estabilidad a los hogares de uno de los municipios más importantes del estado Zulia.
Nota de Prensa.
