El Ejecutivo estadounidense sostiene que la industria petrolera, «saqueada» a EE. UU., financia actualmente actividades criminales y la desestabilización regional.
La Casa Blanca ha endurecido su retórica para respaldar el «bloqueo total» contra el flujo petrolero de Venezuela. Stephen Miller, subjefe del Gabinete, afirmó este miércoles que los activos energéticos del país suramericano —que calificó como propiedad estadounidense «robada»— han sido desviados para financiar el terrorismo y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.
El argumento del «saqueo» histórico
A través de sus canales oficiales, Miller vinculó directamente la prosperidad histórica de la industria petrolera venezolana con la inversión y el esfuerzo de los Estados Unidos, calificando las nacionalizaciones pasadas como un acto de «expropiación tiránica».
«El sudor y el ingenio estadounidense crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación fue el mayor robo registrado de riqueza estadounidense», sentenció Miller, añadiendo que dichos recursos ahora financian el envío de «mercenarios y drogas» a las calles norteamericanas.
Escalada de presión: Bloqueo y designación terrorista
Este respaldo de la Casa Blanca surge tras la declaración del presidente Donald Trump, quien calificó formalmente a la administración de Nicolás Maduro como una organización terrorista. Las medidas inmediatas incluyen:
Cerco Naval: Una flota de dimensiones históricas rodea las costas venezolanas para impedir el paso de buques sancionados.
Intervención en el Caribe: Operaciones en curso que ya han resultado en la destrucción de embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Amenaza de incursión: Washington no descarta ataques selectivos dentro de territorio venezolano contra infraestructuras criminales.
Contexto de una industria en disputa
Mientras el Palacio de Miraflores califica las acciones de «piratería» y llama a la movilización de milicias ciudadanas, la realidad operativa en el terreno muestra matices complejos. A pesar del bloqueo anunciado, la estadounidense Chevron mantiene operaciones en suelo venezolano bajo licencias específicas del Tesoro, lo que evidencia una dualidad en la política de sanciones.
El conflicto actual encuentra sus raíces en la nacionalización de 1976 y la posterior reforma de Hugo Chávez en 2007, hitos que Washington ahora utiliza como base legal y moral para justificar una de las presiones militares y económicas más intensas sobre Caracas en las últimas décadas.
Con Informacion de Notiahora.
