Tanto El Aissami (exministro de Petróleo) como López (empresario vinculado al caso) fueron arrestados en abril de 2024 tras meses de opacidad sobre su paradero.
Tras una ola de especulaciones que sacudió las redes sociales este martes, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, salió al paso para aclarar el estatus legal de los exfuncionarios Tareck El Aissami y Samark López. La declaración oficial busca desmentir las teorías sobre una supuesta detención por parte de agencias extranjeras.
La confusión del «Estatus» en EE. UU.
El revuelo se originó luego de que usuarios detectaran que en el portal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ambos figuraban con la etiqueta de «capturados».
Sin embargo, fuentes de verificación técnica aclararon que dicho cambio de estatus no es reciente, sino que corresponde a una actualización administrativa realizada en septiembre de 2025, reflejando que los sujetos ya no están en libertad, independientemente de qué país ejecute la custodia.
Ratificación del Ministerio Público
En una entrevista concedida a la planta televisiva estatal, Saab fue categórico al reafirmar la soberanía jurisdiccional del caso:
Ubicación actual: Ambos permanecen recluidos en centros de detención dentro de territorio venezolano.
Causa penal: Siguen enfrentando el proceso judicial por la trama «Pdvsa-Cripto», señalada como uno de los desfalcos más agresivos a la principal industria del país.
Implicaciones: El Fiscal enfatizó que son responsables directos de la arquitectura de corrupción que operaba mediante canales financieros no regulados y criptoactivos.
Antecedentes del caso
Tanto El Aissami (exministro de Petróleo) como López (empresario vinculado al caso) fueron arrestados en abril de 2024 tras meses de opacidad sobre su paradero. Desde entonces, el Ministerio Público ha sostenido que la investigación sigue abierta para desmantelar las conexiones de esta red que desviaba fondos provenientes de la comercialización de crudo.
Con esta aclaratoria, el Gobierno venezolano cierra la puerta a las versiones que sugerían una posible extradición o entrega pactada a las autoridades estadounidenses, manteniendo el juicio bajo las leyes nacionales.
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