Para ofrecer confianza a los inversores, el artículo 9 faculta la resolución de conflictos mediante tribunales nacionales o mecanismos de arbitraje, siempre bajo la supervisión de la Procuraduría General de la República.
En un paso decisivo para la arquitectura legal del sector extractivo venezolano, la Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves los primeros 12 artículos del Proyecto de Ley Orgánica de Minas. El debate, que inició tras su primera discusión el pasado 9 de marzo, continuará en la próxima sesión a solicitud del diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, con el fin de incorporar nuevas visiones técnicas al texto.
Esta reforma busca modernizar la gestión de los recursos minerales, adaptándola a los estándares actuales de inversión y preservación ambiental.
Ejes centrales del articulado aprobado
La plenaria validó puntos neurálgicos que definen quién y cómo se podrá ejercer la minería en el país:
Propiedad del Estado: El artículo 3 ratifica que los yacimientos son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. La República mantiene el derecho absoluto sobre el subsuelo.
Gestión y Rectoría: Se designa al Ministerio con competencia en minas como el órgano rector único, encargado de formular políticas y atraer inversión extranjera segura (Art. 4, 10 y 11).
Actores autorizados: El artículo 5 abre el abanico de participación a empresas exclusivas del Estado, empresas mixtas (con control estatal superior al 50%), brigadas mineras artesanales y empresas privadas autorizadas.
Minería «Científica y Racional»
Uno de los puntos más destacados es el Artículo 6, que establece la obligatoriedad de ejecutar actividades mineras bajo criterios científicos que prioricen el desarrollo sostenible. El objetivo es garantizar la rentabilidad económica sin sacrificar la integridad de los ecosistemas.
Asimismo, el Artículo 8 introduce un catálogo de definiciones modernas, delimitando qué se entiende por «minerales estratégicos» (aquellos vitales para la salud, defensa e informática) y estableciendo protocolos para la gestión de residuos como relaves y estériles.
Seguridad Jurídica y Control
Para ofrecer confianza a los inversores, el artículo 9 faculta la resolución de conflictos mediante tribunales nacionales o mecanismos de arbitraje, siempre bajo la supervisión de la Procuraduría General de la República.
Por otro lado, la ley aclara en su artículo 7 que, aunque el Estado otorga títulos basados en la presunción de recursos, no se hace responsable por la existencia real de los minerales en el yacimiento, trasladando el riesgo exploratorio al concesionario.
Globovisión- Relámpago Zuliano.
