La muerte del exconcejal bajo la tutela del Estado ha generado una fuerte exigencia social para que se determinen las fallas de seguridad que permitieron este desenlace.
Lo que inicialmente fue reportado como un presunto suicidio ha tomado un rumbo judicial drástico. Tras los exámenes forenses realizados en la ciudad de Barcelona, las autoridades confirmaron que la muerte de José Manuel Nazareth García Sabino, exconcejal del PSUV e ingeniero de 31 años, fue un homicidio.
El hallazgo de su cuerpo ocurrió la noche del pasado sábado en el área de baños de la Policía Municipal de Anaco (PoliAnaco). Aunque en un principio se informó que el detenido había sido encontrado suspendido de una cuerda, la necropsia determinó que la causa del deceso fue asfixia mecánica provocada por terceros, descartando definitivamente la tesis del suicidio.
De presunta estafa a muerte bajo custodia
García Sabino se encontraba privado de libertad desde el 23 de febrero, procesado por el delito de estafa agravada continuada. La investigación en su contra guardaba relación con la gestión de un sistema de ahorro programado para la adquisición de motocicletas, conocido como «Susú», el cual había derivado en múltiples denuncias por incumplimiento el año anterior.
Cabe destacar que, junto al exfuncionario, también fue capturada su esposa, quien para el momento del arresto acababa de dar a luz, un detalle que añade complejidad al entorno familiar y legal del caso.
El CICPC tras la pista de los responsables
Tras el veredicto de la medicatura forense, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha reclasificado el caso como muerte violenta. Los investigadores de la delegación municipal de Anaco centran ahora sus esfuerzos en:
Determinar el grado de participación de los otros reclusos que compartían el área de detención.
Esclarecer cómo se ejecutó el crimen dentro de un recinto policial sin que los funcionarios de guardia detectaran la situación de forma inmediata.
Presión por justicia
La muerte del exconcejal bajo la tutela del Estado ha generado una fuerte exigencia social para que se determinen las fallas de seguridad que permitieron este desenlace. Las autoridades locales enfrentan ahora el reto de explicar la vulnerabilidad de su sistema de custodia ante este acto de violencia interna.
El Publico Tv- Relampago Zuliano.
