Kinley Salmon, analista de The Economist, advierte que la combinación entre la catástrofe natural y la ineficacia institucional podría catalizar una crisis de gobernabilidad sin precedentes en Venezuela.
La reciente tragedia sísmica que sacudió a Venezuela no solo ha dejado una estela de destrucción material, sino que ha desnudado, ante la mirada internacional, la fragilidad operativa de la actual administración. Kinley Salmon, corresponsal para América Latina del prestigioso semanario The Economist, ha puesto sobre la mesa una lectura cruda sobre el futuro inmediato del país: la gestión de esta emergencia podría ser el detonante de una ruptura irreversible entre el Estado y la ciudadanía.
La fragilidad del control estatal
En su reciente análisis, Salmon sostiene que el desastre ha dejado al descubierto que el gobierno, más allá de su capacidad de coerción, carece de la infraestructura técnica y logística necesaria para enfrentar una crisis de escala nacional. La incapacidad de respuesta efectiva, sumada a la centralización de la ayuda, ha comenzado a erosionar la base de apoyo que aún conservaba la administración central.
«Las probabilidades de un enojo severo hacia el ejecutivo nacional van a aumentar considerablemente», sentencia el corresponsal. Según su diagnóstico, el descontento ya no se limita a sectores políticos tradicionalmente opositores, sino que se extiende a las bases que históricamente dependían de la asistencia estatal, hoy desamparadas ante el colapso de los servicios públicos y la escasez de recursos post-sismo.
El costo político de la omisión
Para The Economist, el problema radica en que los sismos han actuado como un «acelerador» de tensiones preexistentes. Los puntos clave del análisis de Salmon incluyen:
Insuficiencia operativa: La respuesta ante los derrumbes y la atención médica de emergencia ha sido tildada de insuficiente por organismos internacionales, lo que contraviene la narrativa oficial de «control total».
Gestión de la ayuda: La politización del acceso a los insumos básicos está generando focos de resistencia y protesta espontánea, algo que el régimen ha intentado contener con mano dura, pero que se vuelve insostenible ante la magnitud de la tragedia.
Desgaste del relato: La brecha entre la realidad observada por la población y la versión oficial transmitida en los medios estatales es cada vez más amplia, lo que dificulta la contención del malestar social.
¿Hacia un conflicto social abierto?
El análisis de Salmon sugiere que nos encontramos ante una encrucijada donde el tiempo juega en contra de la estabilidad institucional. Al no poder canalizar la ayuda de manera eficiente ni neutral, el régimen está permitiendo que la sociedad civil y las organizaciones internacionales asuman un rol protagónico, un fenómeno que, a largo plazo, podría restarle toda legitimidad al Ejecutivo.
La advertencia de The Economist resuena como un eco de la realidad que se vive en las calles: el «enojo severo» no es solo un pronóstico, sino una tendencia que se gesta en los campamentos de damnificados y en las comunidades que, tras perderlo todo, han comenzado a cuestionar la viabilidad de un modelo que, en el momento de mayor vulnerabilidad, ha mostrado su rostro más inoperante.
The Economist-Relámpago Zuliano.
