En una de sus primeras acciones directas para recuperar el control del sistema penitenciario, el Ejecutivo nacional reubica a más de un centenar de internos vinculados a pasadas negociaciones, blindando los penales contra la criminalidad organizada.
El nuevo enfoque de seguridad y autoridad institucional en Colombia comienza a materializarse con decisiones de alto impacto. En un comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República, se confirmó el traslado inmediato de 117 personas privadas de libertad consideradas de alto perfil y vinculadas previamente a procesos de negociación con distintos sectores.
La directriz, emanada por el presidente Abelardo de la Espriella y ejecutada de manera coordinada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), contempla la reubicación estricta de los internos en establecimientos penitenciarios de alta y máxima seguridad localizados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
Recuperación del orden y control carcelario
El Ejecutivo nacional fundamentó la medida en la imperiosa necesidad de neutralizar las operaciones de las estructuras criminales desde el interior de los penales, evitando que las cárceles sigan siendo utilizadas como centros de coordinación delictiva.
«El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional», advierte el comunicado oficial, subrayando que cualquier intento de vulnerar la seguridad institucional enfrentará todo el peso de la ley.
Esta reubicación masiva forma parte de la nueva política de seguridad del Estado, la cual busca restablecer el principio de autoridad, garantizar el cumplimiento estricto de las órdenes judiciales y devolverle al sistema penitenciario nacional la firmeza necesaria para proteger a la ciudadanía.
NAM-Relámpago Zuliano.
