Tras explicar los motivos estratégicos por los cuales el diálogo priorizó la reestructuración judicial sobre el ente comicial, el parlamentario detalló que el objetivo es sanear la médula del Estado para garantizar seguridad jurídica, económica y democrática en el país.
El camino hacia la recuperación institucional de Venezuela avanza con metas claras en el horizonte. De acuerdo con las declaraciones del diputado e integrante de la delegación de la Asamblea Nacional 2015 en la mesa de diálogo, Ramón López, el país podría contar con un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) totalmente autónomo e independiente para el próximo mes de noviembre.
El parlamentario subrayó que la estrategia opositora no busca aplicar soluciones superficiales, sino construir bases sólidas: «Nosotros no queremos hacer una política de parche; queremos reinstitucionalizar el país, eso comienza generando un poder judicial absolutamente independiente y apegado a las normas constitucionales», afirmó.
¿Por qué iniciar por el TSJ y no por el CNE?
Una de las interrogantes más recurrentes en el escenario político nacional gira en torno a la priorización de la reforma judicial por encima de una renovación inmediata del Consejo Nacional Electoral (CNE). Al respecto, López aclaró que los acuerdos actuales abarcan múltiples frentes —incluyendo garantías políticas, libertad de expresión y el propio poder electoral—, pero se optó por atacar la raíz del sistema.
«El Poder Electoral está al final subyugado por el Poder Judicial, que es la médula, la prioridad para institucionalizar este país», argumentó.
Para ilustrar esta decisión, el diputado planteó un escenario hipotético: de haberse designado un nuevo CNE y fijado un cronograma electoral bajo la tutela del anterior aparato judicial, cualquier decisión o disputa habría terminado en las salas Constitucional o Electoral del TSJ, reproduciendo los patrones de sentencias parcializadas del pasado oficialista y anulando las garantías constitucionales.
Garantía para los ciudadanos y la inversión extranjera
Para López, un poder judicial creíble no solo es indispensable para dirimir disputas políticas y ciudadanas, sino que constituye el pilar fundamental para la reactivación económica de la nación.
«Para las inversiones extranjeras que el país necesita para poder recuperarse económicamente, hace falta confianza judicial, y si no hay, el país muy poco puede arrancar», advirtió, recordando que la sociedad venezolana ha sufrido las consecuencias de un sistema de justicia manipulado.
Finalmente, el legislador precisó que el proceso no se limitará al nombramiento de nuevos magistrados, sino que implicará una revisión integral y profunda de las leyes que regulan el desempeño de todo el sistema judicial venezolano, consolidando así el primer gran logro estructural surgido de las mesas de entendimiento.
Caraota Digital-Relámpago Zuliano.
