El exalcalde de Maracaibo catalogó la crisis eléctrica como una flagrante violación a los derechos humanos que pone en riesgo la vida de pacientes en centros de salud y asfixia al sector productivo regional, exigiendo la creación inmediata de una mesa técnica.
La crisis en el servicio eléctrico alcanzó este lunes una instancia de exigencia institucional en la ciudad capital. El exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, se apersonó ante la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para interponer una formal denuncia y un pliego de peticiones enfocado en frenar los prolongados racionamientos que castigan severamente al estado Zulia.
Durante su visita y posterior encuentro con la Defensora del Pueblo, Eglee Lobato, el dirigente regional fue enfático al señalar que la problemática energética superó los límites de una falla operativa de servicios públicos para convertirse en una emergencia humanitaria de primera magnitud.
Un drama que vulnera la vida y los derechos fundamentales
Para Ramírez Colina, el impacto de los cortes eléctricos —que actualmente rebasan las seis horas diarias en la región zuliana— trasciende la incomodidad cotidiana para golpear derechos constitucionales esenciales.
«La crisis eléctrica dejó de ser un problema de servicio público para convertirse en un problema de derechos humanos», sentenció.
Como ejemplo crítico, advirtió sobre la situación de vulnerabilidad extrema en los centros hospitalarios y unidades de diálisis, donde la vida de los pacientes pende de un hilo ante la inestabilidad del suministro. Asimismo, recalcó que los apagones pulverizan el derecho al trabajo y a la educación, afectando tanto el rendimiento escolar de los niños como la operatividad del comercio y la industria local.
Exigencias claras: Mesa técnica y transparencia en las inversiones
Ante la falta de respuestas oficiales, el exalcalde formalizó la exigencia de instalar una mesa técnica de diálogo que integre a las carteras responsables del sector eléctrico, la Defensoría y las comunidades organizadas. Las demandas planteadas ante el organismo defensor se estructuran en tres ejes fundamentales:
Cronograma y plazos: Conocer con precisión hasta cuándo se mantendrán los racionamientos y cuál es el plan de contingencia real para las zonas más golpeadas.
Transparencia presupuestaria: Exigir claridad sobre los montos de inversión destinados al Zulia, denunciando que los recientes anuncios de recursos para el sistema eléctrico nacional continúan marginando al principal estado productor de hidrocarburos del país.
Impacto al sector productivo: Atender la asfixia económica que padecen los comercios zulianos, los cuales deben destinar hasta un 40 % adicional en costos operativos para mantener plantas eléctricas propias, sufriendo a su vez una caída estimada del 30 % en su productividad.
Ramírez Colina concluyó insistiendo en que el Zulia no puede seguir soportando el peso de una deficiencia estructural sin un plan de rescate público y transparente, reiterando que su gestión ante la Defensoría busca transformar el reclamo ciudadano en soluciones institucionales definitivas.
Nota de Prensa-Relámpago Zuliano.
