La investigación subraya que la impunidad es un problema estructural, ya que el Estado no ha sancionado a los responsables ni ha garantizado la justicia para las víctimas.
Un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha revelado una política de «represión poselectoral» sistemática, documentando crímenes de lesa humanidad ocurridos entre julio de 2024 y agosto de 2025. El documento, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, acusa a las fuerzas de seguridad del Estado de llevar a cabo una campaña de persecución política.
Un patrón de represión y violencia estatal
El informe de la ONU detalla que la represión se intensificó tras las elecciones presidenciales de 2024. Las investigaciones atribuyen la responsabilidad a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el SEBIN y la DGCIM. Entre las víctimas se encuentran opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, y también sus familiares y menores de edad.
El documento destaca varios patrones de violencia:
Detenciones arbitrarias: Más de 2.200 personas fueron detenidas de manera arbitraria en momentos clave como la toma de posesión presidencial y las elecciones regionales. Las detenciones fueron selectivas, con incursiones violentas en domicilios y uso de fuerza desproporcionada.
Muertes y asesinatos: Se reportaron al menos 30 víctimas fatales de la represión, con 25 muertes en protestas y cinco bajo custodia estatal. La Misión concluye que los disparos en las protestas provinieron directamente de las fuerzas de seguridad.
Tortura y violencia sexual: El informe detalla casos de tortura que incluyen golpes, asfixia, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y privación de alimentos. También se documentaron 30 desapariciones forzadas y múltiples casos de violencia sexual contra mujeres, adolescentes y la comunidad LGBT.
Impacto en la sociedad civil
La Misión de la ONU también advierte sobre las restricciones al espacio cívico. El informe denuncia leyes que limitan a las ONG, así como ataques y hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos. Además, se documentó la detención de 220 niños y adolescentes, quienes fueron sometidos a incomunicación y procesos judiciales sin garantías.
La investigación subraya que la impunidad es un problema estructural, ya que el Estado no ha sancionado a los responsables ni ha garantizado la justicia para las víctimas. Este ciclo de impunidad, según el informe, perpetúa un clima de miedo y represión. El documento incluye 19 casos ilustrativos que muestran solo una pequeña parte de la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela.
Con Informacion del Publico Tv.
