Tres años después de las primeras detenciones, el debate oral contra el exministro Tareck El Aissami y su entorno avanza en tribunales de terrorismo bajo la modalidad telemática. Expertos y defensores de derechos humanos alertan sobre la violación de los límites de la prisión preventiva y el uso del aparato judicial como mecanismo de disciplina interna del poder.
Lo que originalmente fue presentado por el Ministerio Público como una cruzada histórica contra la corrupción y un desfalco estimado en 23.000 millones de dólares, hoy se enfrenta al escrutinio por severas anomalías en su conducción. El inicio del juicio por el denominado caso Pdvsa-Cripto en el Palacio de Justicia de Caracas ha reavivado las alarmas de organizaciones civiles debido al prolongado retraso procesal, denuncias de aislamiento absoluto y la falta de transparencia en la administración de los activos incautados.
El caso expone una de las dinámicas más complejas de los sistemas con debilidad institucional: el surgimiento de los «presos del poder». Esta categoría no engloba a la disidencia tradicional, sino a antiguos aliados, altos funcionarios y operadores económicos que, tras fracturas internas o reacomodos en la coalición gobernante, terminan atrapados y procesados por las mismas estructuras judiciales opacas que antes ayudaron a sostener.
Vulneraciones al hilo constitucional y límites legales
La conducción de la causa penal acumula severos cuestionamientos por parte de juristas y defensores de los derechos fundamentales, quienes identifican tres anomalías principales en el desarrollo del expediente:
Exceso de la prisión preventiva: El abogado y director de Foro Penal, Alfredo Romero, recordó que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) fija un límite máximo de dos años para la detención preventiva, extensible excepcionalmente por un año más. Mantener a los acusados privados de libertad por más de tres años sin una sentencia definitiva convierte la prisión en un castigo anticipado.
Competencia cuestionada: El debate oral se ventila ante el Tribunal Tercero de Juicio con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Romero. Las defensas técnicas han impugnado esta instancia, argumentando que los presuntos delitos financieros y de corrupción no corresponden a la naturaleza jurídica de los tribunales antiterroristas.
Pasividad en el debate: Fuentes ligadas al proceso revelan que tanto el fiscal acusador, Eddy Rodríguez, como el representante de la Procuraduría General de la República mantienen una postura pasiva en las audiencias, omitiendo la formulación de preguntas clave a los imputados, lo que alimenta las dudas sobre la profundidad real de la investigación.
Del hermetismo presencial a la pantalla telemática
A pesar de que el juicio arrancó de forma presencial el 21 de abril de 2026, las dinámicas cambiaron drásticamente tras las primeras declaraciones de los acusados. Durante las comparecencias de figuras como Samark López, Hugbel Roa y los hermanos Di Grazia y Perdomo, el tribunal interrumpió la presencialidad para mudar el juicio a una modalidad telemática.
El propio Tareck El Aissami solicitó formalmente en su primera intervención que las audiencias fueran públicas y televisadas para el conocimiento de la nación. No obstante, el viraje hacia las pantallas profundiza el aislamiento de los procesados y restringe el acceso de los medios de comunicación y del público general a un caso de evidente interés nacional.
Fractura política y precariedad informativa
Para Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, el retraso de tres años para abrir el debate oral refleja la precariedad del sistema de justicia venezolano. De Freitas sostiene que la caída en desgracia de El Aissami y su sustitución en la cartera petrolera por Pedro Rafael Tellechea evidenció una fractura de proporciones gigantescas dentro de la coalición de poder.
El vacío de respuestas: «La justicia no ha cambiado. A pesar de que inició este proceso judicial, la información compartida sigue siendo precaria. El Estado continúa sin responderle al país las preguntas fundamentales: dónde está el dinero, qué empresas intervinieron, quién recibió el petróleo, quién lo vendió y por qué esos recursos nunca ingresaron al Tesoro Nacional ni a las cuentas de Pdvsa», advirtió De Freitas.
Por su parte, los equipos de defensa legal, liderados en el banquillo por profesionales como el abogado Jeset García, han denunciado que la falta de un observador de la Defensoría del Pueblo —pese a las reiteradas peticiones de la defensa para constatar las condiciones de reclusión— agrava el estado de indefensión de los procesados, dejando el destino de la causa en un limbo donde la política se superpone a la técnica jurídica.
El Nacional-Relampago Zuliano.
