La diputada consignó un documento oficial ante el MPPEE invocando la Constitución para demandar una rendición de cuentas sobre el colapso del Sistema Eléctrico Nacional. Denunció la discriminación territorial que favorece a Caracas y exigió una auditoría a las líneas de transmisión del Lago de Maracaibo.
En un enérgico ejercicio de fiscalización institucional, la diputada Nora Bracho acudió a la sede central del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) para consignar un documento formal en el que exige la rendición de cuentas inmediata ante la crisis estructural del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La parlamentaria argumentó que la precariedad del servicio ha trascendido los problemas técnicos para convertirse en una vulneración sistemática a los derechos humanos del pueblo venezolano, afectando de manera desproporcionada a las regiones del interior del país.
Amparada en las facultades de control político consagradas en los artículos 187 y 222 de la Constitución de la República, Bracho criticó la centralización de las decisiones y la opacidad en los esquemas de racionamiento discrecional.
«Venezuela entera padece la ineficiencia de un sistema centralizado, pero someter a regiones como el Zulia a cortes inhumanos con temperaturas que superan los 44°C no es ‘administración de carga’, es una política de tortura que atenta contra la integridad de niños, ancianos y enfermos», fustigó la legisladora.
Exigencia de una consulta amplia para la Ley Eléctrica
La parlamentaria aprovechó el escenario para fijar posición sobre el proyecto de ley para el sector eléctrico que se encuentra en la Secretaría de la Asamblea Nacional de cara a su segunda discusión. Bracho advirtió que el instrumento jurídico no puede limitarse a un debate interno entre el funcionariado público, sino que debe abrirse a la participación de toda la nación.
En este sentido, solicitó formalmente la activación de mesas de consulta pública que integren a las academias, las universidades, los colegios profesionales de ingenieros y la sociedad civil organizada. A su juicio, este mecanismo es indispensable para blindar la legislación de la desprofesionalización y los antecedentes de corrupción que han postrado al sector en la última década.
Los tres ejes del reclamo nacional
La misiva entregada por la diputada desglosa tres peticiones técnicas e institucionales urgentes para el Ejecutivo nacional:
1. Fin de la discriminación territorial: Cuestionó la falta de equidad en la distribución del flujo eléctrico, exigiendo terminar con los privilegios de consumo que se le otorgan a la Región Capital a expensas del racionamiento en el interior. Solicitó el cronograma de inversiones reales para plantas termoeléctricas locales —como Termozulia— con el fin de romper la dependencia exclusiva de la línea de transmisión del Guri.
2. Auditoría a la infraestructura del Lago: Demandó un informe técnico y auditado sobre el estado de mantenimiento de la red troncal nacional, haciendo especial énfasis en las torres y el cableado que cruzan el Lago de Maracaibo, cuya vulnerabilidad recurrente mantiene en zozobra al occidente del país.
3. Indemnización por daños patrimoniales: Ante la constante fluctuación de voltaje («bajones») que destruye los electrodomésticos en los hogares, exigió crear mecanismos de compensación económica directa o la exoneración total del pago de tarifas a las familias afectadas.
Plazo legal y advertencia de silencio administrativo
Invocando el artículo 125 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, el documento otorga al despacho ministerial un lapso perentorio de tres días continuos para consignar una respuesta detallada por escrito.
Bracho concluyó advirtiendo que, de no recibirse los informes solicitados, el silencio institucional será procesado como una admisión explícita del colapso de la gestión del ministerio frente a la calidad de vida de los ciudadanos.
Nota de Prensa-Relámpago Zuliano.
