Durante un reciente pronunciamiento público, la alta funcionaria gubernamental reconoció las fallas en el uso de la polémica normativa legal, olvidando su rol protagónico en la imposición del instrumento jurídico desde la extinta Asamblea Nacional Constituyente.
Un giro discursivo que no ha tardado en encender el debate en la opinión pública nacional y las redes sociales. La alta funcionaria del gobierno central Delcy Rodríguez reconoció públicamente que la célebre Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia «fue mal aplicada», una afirmación que contrasta de manera directa con su historial legislativo, toda vez que fue una de las principales impulsoras, defensoras y artífices de su aprobación en el año 2017.
Las declaraciones, emitidas en el contexto de revisiones normativas recientes, reavivaron las críticas de diversos sectores sociales, políticos y de derechos humanos que históricamente han cuestionado la naturaleza punitiva de un texto legal que, desde su nacimiento, fue señalado de restringir la libertad de expresión y criminalizar el disenso político en el país.
De promotora en la ANC a los cuestionamientos de aplicación
Para contextualizar el peso de las declaraciones, es necesario recordar que en noviembre de 2017, la entonces autodenominada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó por unanimidad y en tiempo récord la Ley contra el Odio, bajo la batuta directiva de Delcy Rodríguez, quien entonces presidía el órgano plenipotenciario.
En aquel momento, la narrativa oficial defendía la necesidad imperiosa de frenar expresiones de intolerancia y violencia desatadas durante las protestas de ese año. Sin embargo, juristas, organizaciones no gubernamentales y gremios periodísticos advirtieron de inmediato que los tipos penales redactados en la ley eran excesivamente vagos, ambiguos y punitivos, lo que facilitaría su uso discrecional contra activistas, manifestantes, periodistas y ciudadanos comunes.
A lo largo de los años siguientes, múltiples informes de organizaciones defensoras de derechos humanos documentaron cómo la normativa se convirtió en una herramienta de control político, derivando en detenciones arbitrarias y procesos judiciales por opiniones críticas vertidas en plataformas digitales o redes sociales.
Reacciones y escepticismo ante la autocrítica
El reconocimiento actual sobre las desviaciones en su implementación ha generado una ola de reacciones en el escenario nacional. Analistas políticos y representantes de la sociedad civil se han mostrado escépticos ante la postura de Rodríguez, señalando que el problema principal no radicó exclusivamente en una «mala praxis de aplicación», sino en los vacíos jurídicos y la discrecionalidad punitiva con la que fue concebida y redactada la norma desde sus orígenes constituyentes.
Mientras el debate sobre la vigencia, reforma o derogación de los marcos punitivos continúa abierto en el panorama legislativo venezolano, las palabras de quien fuera la arquitecta principal del instrumento jurídico abren una nueva arista sobre la revisión de las leyes que han marcado la conflictividad política y social de la última década en el país.
Relámpago Zuliano.
